Oct 22, 2014 | Articles, Fil d'Ariane, Publicaciones
Por Josepha Laroche
Traducido por: Daniel Del Castillo
Publicado originalmente en : IFRAMOND, Michel Guillou (Éds.), Les Entretiens de la Francophonie 2009-2010, Lyon, Presses de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
El análisis de lo político debería otorgar a su dimensión simbólica un lugar más importante que lo realizado hasta ahora. Desde este punto de vista, consideramos que el psicoanálisis constituye – naturalmente teniendo en cuenta ciertas precauciones y condiciones epistemológicas – un valioso instrumento de conocimiento. Es susceptible de ofrecer una comprensión más aguda de lo que se juega en el escenario internacional. En particular, este enfoque puede ayudar a tener en cuenta de mejor manera, además de restituirlas, las representaciones que los actores sociales fabrican a partir de sus propias prácticas; como de los conflictos entre sus respectivos grupos de pertenencia.
Descargar La desconstrucción del discurso de Dakar. De la humillación a la pulsión de muerte.
Oct 22, 2014 | Articles, Fil d'Ariane, Publicaciones
Par Florent Bédécarrats
CEMCA. TRACE 52, dec. 2007
Resumen
Este articulo es síntesis crítica del informe “Políticas públicas y servicios financieros rurales en Mesoamérica” realizado por Michelle Deugd, Hans Nusselder, Iris Villalobos e Ignacio Fiestas. El documento analizado consiste en un estudio comparativo en cinco países mesoamericanos (México, Guatemala, el Salvador, Honduras y Nicaragua) de la articulación entre políticas públicas de promoción de los servicios financieros rurales y políticas públicas para el desarrollo rural. Después de presentar un panorama detallado de las situaciones nacionales, los autores muestran que existen patrones recurrentes de desarticulación entre las intervenciones públicas estudiadas. En base a su diagnóstico, plantean propuestas para una mejor integración de estos marcos políticos. Se resaltan aquí los hallazgos valiosos de esta pesquisa que permiten a una buena comprensión de arquitecturas institucionales complejas. Se apuntan también ciertos enfoques que no fueron considerados por los autores y que habría que explorar para tener una visión más completa de la problemática.
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Oct 20, 2014 | Economía Política Internacional, Passage au crible (espagnol)
Por Yves Poirmeur
Traducción Ulises Aquino Jiménez
Passage au crible n°114
Pixabay
El 3 de junio de 2014, BNP Paribas concluyó un acuerdo – final agreement – con la justicia estadounidense, bajo los términos del cual, después de haber sido declarado culpable, aceptó pagar una indemnización de 8,834 millones de dólares (6,500 millones de euros). Por haber utilizado la moneda estadounidense en sus transacciones con los países puestos bajo embargo por Estados Unidos, tiene prohibido igualmente efectuar toda compensación de transacciones en dólares – clearing – en nombre de los comerciantes de petróleo y gas. Además, BNP Paribas se separo de 13 de sus dirigentes, entre ellos el de su filial suiza, estos últimos implicados en los pagos litigiosos. El banco tuvo que establecer también una estructura que busca controlar el respeto a la legislación estadounidense cuando sus operaciones en dólares deban efectuarse en Nueva York. Se trata del epílogo de un procedimiento entablado por el procurador de Nueva York quien sospechaba de esta institución – como de otros establecimientos financieros europeos – de haber violado entre 2002 y 2010 los embargos impuestos unilateralmente por Estados Unidos a Cuba, Irán y Sudán, países considerados entonces como “enemigos” o “apoyando al terrorismo” (Foreign Assistance Act, (1961); Cuban Liberty and Democracy Solidarity (Libertad) Act, (ley Helms-Burton), (1996); Iran and Libya Sanctions Act, (ley D’Amato-Kennedy), 1996)). Esta convención sellada por el pago de la enmienda más alta jamás infringida a un banco extranjero por transacciones que – irregulares en el derecho estadounidense – no lo eran en el derecho francés y tampoco contravenían a las sanciones que habían sido decididas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para mantener la paz (Carta de la ONU, Cap. VII).
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Si bien los Estados disponen de una competencia exclusiva sobre su espacio nacional para los actos de coacción en razón del principio de soberanía y de su corolario – el principio de no intervención – el derecho internacional reconoce por otra parte una libertad de principio. En efecto, la Corte Permanente de Justicia Internacional estimó, en el célebre Caso Lotus (CPIJ, 7 de septiembre de 1927, Francia v. Turquía), que las limitaciones a su independencia no pueden presumirse. Esta presunción les permite ejercer su competencia normativa para regir situaciones localizadas en parte o completamente sobre su territorio y, en el extranjero, esas que implican una persona teniendo su nacionalidad, ponen en duda sus intereses fundamentales o incluso amenazan a valores universales. Sin embargo, como un Estado no tiene poder de coacción en el espacio territorial de algún otro, no le puede imponer el respeto de conductas que él prescribe sin el consentimiento del segundo (CIJ, 9 de abril de 1949, Estrecho de Corfú, Reino Unido v. Albania). La aplicación de normas estatales de carácter extraterritorial se enfrenta así clásicamente a la imposibilidad de alcanzar sus destinatarios recalcitrantes, sin la cooperación de los países que los alojan. Es notablemente el caso para las medidas – embargos, boicots, congelamiento de cuentas, prohibición de desplazamiento de los dirigentes – decididas unilateralmente por un Estado a fin de forzar a algún otro o a una entidad extranjera a cambiar de práctica. El éxito de la mayor parte de estas operaciones de contención dependen de su aplicación por las empresas extranjeras cuya colaboración se muestra necesaria para asegurar la estanqueidad. Las tentativas para hacerlas respetar son frecuentemente bloqueadas por la imposibilidad de infringirles sanciones en casos necesarios, el actor estatal se reduce entonces a obtener sobre su propio ámbito de soberanía las consecuencias de su violación. A este respecto, la magnitud de las penalidades golpeando a BNP Paribas aparece reveladora de un crecimiento en el poder coercitivo de Estados Unidos y de un cambio en el paradigma represivo. Mostrándose capaces de sancionar a las firmas extranjeras cuyas actividades en el extranjero contravienen a su legislación, elevan sensiblemente el costo de la violación de los embargos que implementan. De tal manera, refuerzan el nivel de efectividad de los instrumentos jurídicos de su política exterior.
Marco teórico
1. El poder estructural de Estados Unidos. Si bien la desterritorialización de la economía ha reducido la capacidad de intervención estatal sobre los operadores de los mercados globalizados, Estados Unidos conservó la suya. Son en adelante capaces de pesar sobre los agentes económicos más de lo que esos mismos influyen sobre ellos. Explotando la necesidad vital de las empresas transnacionales de comerciar sobre su mercado interior o de realizar en su territorio diferentes actividades, consiguen vincularlas a su jurisdicción bajo la amenaza soberana de impedirles el acceso o bien prohibirles el ejercicio, allí donde ellas no pueden tomar riesgos.
2. Un ejercicio transnacional de la coacción jurídica al servicios del hard power estadounidense. Gracias a su hegemonía económica y financiera así como a la preponderancia de su moneda, Estados Unidos consigue colocar a las firmas transnacionales bajo el imperio de su derecho. Por esta vía, acrecientan el campo de aplicación de su legislación sobre el plano extraterritorial. No teniendo necesidad de la colaboración de los otros países para hacerla respetar, sino solamente de la colaboración de las firmas tomadas en sus redes jurídicas, ejercen de tal manera un poder regulador de carácter transnacional y disponen de un poder coercitivo sin igual.
Análisis
Movilizando todos los recursos de su poder estructural, Estados Unidos ha diversificado los objetos que conectan a las empresas extranjeras a su jurisdicción – ejercicio de actividades sobre su territorio, cotización bursátil, uso de plataformas digitales bajo derecho estadounidense…- y transformó su dominación económica en una hegemonía jurídica. En el caso de BNP Paribas, es a través de la mediación por lo tenido de operaciones realizadas en su moneda, universalmente utilizada en los intercambios internacionales, que ellos operaron esta confluencia. Consideran en efecto que todos los pagos extendidos en su divisa deben ser conforme a su legislación. Las transacciones litigiosas realizadas en consecuencia en dólares americanos y compensadas por la filial neoyorkina de BNP Paribas, la justicia estadounidense se estima competente para iniciar las persecuciones. No lo hubiera podido realizar si otra moneda hubiera sido utilizada para estos pagos.
Bajo el riesgo de perder su licencia de explotación, de verse impedida de compensar operaciones en dólares y de enfrentar un proceso interminable con final incierto antes de ser golpeados por sanciones penales, BNP Paribas finalmente prefirió colaborar con las autoridades judiciales. Así, participó en su propia incriminación aportando las pruebas de su culpabilidad. En lugar de resistirse y llegar a un proceso, buscó obtener ventaja del sistema estadounidense de justicia negociada, que permite encontrar un arreglo (deal) y de poner fin a los procesos por una transacción limitando las acciones. En otros términos, el banco se sometió a los mecanismos procedimentales del derecho estadounidense. Por esta razón debió: 1) realizar una encuesta interna por su propia cuenta en todas sus filiales siguiendo las instrucciones otorgadas por las autoridades judiciales, 2) negociar el monto de la enmienda a pagar, 3) comprometerse a dotarse de un controlador interno (monitor) encargado de verificar que se ajustará en el futuro a la legislación estadounidense y finalmente, 4) institucionalizar un proceso para tal efecto. Este mecanismo judicial se observa perfectamente ajustado a la globalización de los intercambios. Parece igualmente adaptado a las disposiciones de las empresas que son estructuralmente enfocadas a maximizar sus ganancias operando un cálculo costos/beneficios que integran los riesgos jurídicos. Su eficacia tiende a la implementación de un conjunto de instituciones que disponen de los medios de investigación y de negociación para manejarlo. Dirigidos por el Departamento de Justicia y los procesos de los Estados – en este caso el District Attorney de Nueva York – las investigaciones movilizan naturalmente al FBI (Federal Bureau of Investigation). Se benefician del apoyo de agencias especializadas como la OFAC (Office of Foreign Asset Control) dedicada a la gestión del programa de sanciones económicas y la SEC (Securities and Exchange Comission) encargada de la vigilancia de los mercados bursátiles.
Mientras que Estados Unidos no cesa desde la Guerra Fría de desarrollar su arsenal legislativo de carácter extraterritorial instaurando sanciones económicas para aislar a ciertos países – Cuba, Corea del Norte – o bien luchar contra el terrorismo – Irán, Siria, Libia, Sudán -, este dispositivo represivo convirtió insidiosamente a las empresas transnacionales en auxiliares de la diplomacia estadounidense con la cual las otras democracias no están siempre de acuerdo (caso de Francia por el embargo sobre Cuba). Como esta estrategia judicial no involucra solamente los programas de penalidades económicas, sino que se extiende a la lucha contra la corrupción y a la represión de los delitos bursátiles, vuelve al derecho estadounidense el regulador principal de la globalización. Así, permite a los Estados Unidos tomar ventaja del maná financiero de las enmiendas que se infringen. En este caso, se trata de un tipo de renta de dominación jurídica. Retenido en la escena mundial, consagra de manera innegable su hegemonía.
Referencias
Garapon Antoine, Servan-Schreiber Pierre (Éds.), Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée, Paris, PUF, 2013.
Strange Susan, Le retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, Paris, Éd. Du Temps Présent, 2011.
Waltz Kenneth, Theory of International Society, Addison Wesley, Reading MA, 1979.
Oct 14, 2014 | Bienes públicos mundiales, Medio ambiente, Passage au crible (espagnol)
Por Valérie Le Brenne
Traducción: Yessica Lara
Passage au crible n°113
Pixabay
Del 11 al 18 de septiembre del 2014, tuvo lugar en Portoroz, Eslovenia la 65º reunión bianual de la CBI (Comisión Ballenera Internacional). El encuentro, al que asistieron cerca de 90 países, centró el debate en el caso de Japón; su gobierno ha sido regularmente acusado de invocar un argumento científico con el objetivo de continuar la caza comercial. En marzo de 2014, una decisión emitida por la CIJ (Corte Interna-cional de Justicia) en la Haya, exigió -tras una denuncia hecha por Australia- poner fin a su programa en el Antártico.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Creada el 2 de diciembre de 1946 en Washington, durante la celebración de la Convención Interna-cional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas, la CBI está formada actualmente por 89 países miembros. Su principal objetivo es el “garantizar la adecuada conservación de la población de ballenas y permitir así el desarrollo ordenado de la industria ballenera“. Su misión también comprende la elaboración de mecanismos de protección estos mamíferos, el establecimiento de cuotas de captura, la realización de estudios científicos y la difusión de sus resultados.
Dentro de este marco, la Organización reconoce tres tipos de caza, las cuales son sujetas a distintas regulaciones: 1) la caza comercial, 2) la caza aborigen para subsistencia, 3) la caza científica. Mientras que la primera fue estrictamente prohibida por la moratoria de 1986, la segunda está autorizada siempre y cuando la carne se utilice de manera local para consumo humano. Sin embargo, la caza científica, que no está sometida a control, conserva un carácter legal.
Recordemos que la creación de la CBI dio continuidad a las primeras medidas restrictivas impuestas en 1939, las cuales prohibieron de forma oficial esta actividad en el hemisferio Sur. De hecho, la intensifi-cación de la captura desde el siglo XIX – gracias a la aparición de buques balleneros y posteriormente de empacadoras flotantes – y al creciente mercado de explosivos hechos a base de glicerina durante la Primera Guerra Mundial, condujeron rápidamente al quasi exterminio de algunas especies como la ballena azul y la ballena jorobada.
Sin embargo, la caza comercial se reanudó a partir de 1949. En Japón, ésta práctica permitió sobre todo responder a la grave escasez de alimentos que prevaleció después del final de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el incumplimiento de las cuotas y la incapacidad de la Comisión para imponer sanciones a los países infractores, dio lugar a una nueva disminución en la población ballenera. Durante la temporada 1961-1962, fueron asesinadas no menos de 66,000 ballenas en el Antártico. Ante la alarmante situación y la emergencia ambiental, los países miembros de la Comisión votaron en 1982 por el estable-cimiento de una moratoria. Para ser exentos, los principales países balleneros – Rusia, Noruega y Japón – presentaron oficialmente sus objeciones.
Junto con Islandia, Noruega mantuvo su rechazo a la moratoria y actualmente continúa la caza co-mercial de ballenas. Por su parte, Japón (quien revocó su decisión en 1986) expide permisos especiales para la investigación, logrando así explotar la falla en la regulación que autoriza la captura de ballenas con fines científicos.
Marco teórico
1. El uso político de la legitimidad científica. Utilizando sistemáticamente la excusa científica se han or-questado campañas a gran escala, por medio de las cuales Japón ha tratado de eludir las regulaciones inherentes a toda gobernanza mundial. De esta forma, contribuye también a la disminución del capital de legitimidad propio a las opiniones realizadas en el campo ambiental.
2. La protección a la biodiversidad a través de santuarios. Frente a la dificultad que representa el salva-guardar especies en peligro de extinción, la creación de santuarios – es decir vastas zonas protegidas – parece ser ahora una de las vías más eficaces en materia de conservación de la biodiversidad.
Análisis
Fuertemente influenciada por la decisión de la CIJ, la 65a reunión de la Comisión dio espacio al debate sobre la caza científica autorizada por el artículo VIII de la Convención de 1946. En efecto, este precisa que: “si los estados deben presentar propuestas para su consideración, […], es el país miembro quien decide en última instancia si se expide un permiso, y este derecho tiene prioridad sobre los otros reglamentos de la Comisión, incluyendo la moratoria“. Aunque había aceptado el texto de 1986, Japón se basa en esta disposición anterior para otorgar permisos especiales como parte de su programa de investigación en el Antártico (JARPA). Iniciado desde 1987, ha sido renovado sin la acreditación previa del Comité Científico de la CBI en 2005 (JARPA II). Se estima que son más de 10,000 el número de mamíferos arponeados entre 1987 y 2009. De hecho esta Evaluación parece más alarmante porque la ICR Whaling (Instituto Japonés de Investigación sobe los Cetáceos) hasta ahora ha proporcionado muy pocos resultados. Un estudio publicado en 2006 indicó que sólo cuatro artículos han sido publicados en dieciséis años. A este respecto, la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya confirmó la acusación, concluyendo que estas misiones de investigación disimulaban en realidad una caza comercial. Ante la orden de detener estas prácticas, Tokio respondió con el anuncio de la creación de un nuevo programa para de aquí al fin de año (JARPA III). Invocando sistemáticamente una necesidad de carácter científico, Japón aprovecha la debilidad estructural de esta instancia internacional para deshacerse de una regulación débil y sin los medios necesarios para ejercer sanciones. Sobre todo, esto contribuye a la erosión en la credibilidad de las opiniones científicas en materia de conservación del medio ambiente.
En este contexto, la creación de santuarios persiste como la mejor forma de proteger a las ballenas de la caza y el comercio ilegal. En este caso, el establecimiento de grandes espacios protegidos en el centro de regiones estratégicas para la salvaguarda biológica de las especies más amenazadas, debe mejor sustancialmente las tasas de repoblación. Además de las áreas marinas protegidas -que están bajo la soberanía de los Estados de en su ZEE (Zona Económica Exclusiva)-, en la actualidad hay dos áreas más gestio-nadas por la CBI en el Océano Antártico y el Océano Índico. Pero ante la ausencia de dispositivos de vigi-lancia, la tarea de asegurar estas áreas que comprenden varios millones de kilómetros cuadrados sigue siendo extremadamente compleja. En enero pasado, la ONG Sea Shepherd – la cual milita por la conservación de la biodiversidad marina y que organiza campañas en el mar denunció particularmente las redadas llevadas a cabo por la flota nipona en el santuario del Océano Antártico. Conocido por sus operaciones espectaculares en las cuales buscan interponerse entre los barcos y los cetáceos en el momento de su captura, esta organización ha llevado a cabo acciones de alto perfil para sensibilizar a los ciudadanos del archipiélago. En este sentido, vale la pena señalar cómo el consumo de este alimento de lujo ha disminuido en los últimos años. Según el ICR Whaling, 908 toneladas de las 1.211 de las campañas de 2012 no han sido vendidas. Si bien la protección de cetáceos requiere el establecimiento de gobernanza mundial de enver-gadura, no se puede prescindir de una reforma que aumente la conciencia de la opinión pública para modi-ficar las lógicas de ese mercado.
Referencias
Habermas Jürgen, La Technique et la science comme idéologie, [1973], trad., Paris, Gallimard, 1990.
lemonde.fr, Planète, “Le Japon repart à la chasse à la baleine”, disponible en la página: http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/07/le-japon-repart-a-la-chasse-a-la-baleine-dans-le-pacifique_4483326_3244.html
Marguénaud Jean-Pierre, Dubos Olivier, “La protection internationale et européenne des animaux ”, Pouvoirs, 131 (4), 2009, pp.113-126.
Raffin Jean-Pierre, “De la protection de la nature à la gouvernance de la biodiversité”, Écologie & politique, 30 (1), 2005, pp. 97-109.
Site officiel de la CBI, disponible à l’adresse suivante : http://iwc.int/home
Jul 7, 2014 | Desarrollo, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)
Por Florent Bédécarrats
Traducción : Ulises Aquino Jiménez
Passage au crible n°112
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México organizó el 15 y 16 de abril 2014, la reunión de la Global Partnership for Effective Development Cooperation, fruto de una iniciativa de la OCDE. La conferencia reunió alrededor de 1500 participantes de 140 países: jefes de Estado y de gobierno, ministros, miembros de parlamentos, dirigentes de organizaciones internacionales, empresarios y representantes de la sociedad civil, fundaciones y profesionales del desarrollo. La evaluación de esos dos días parece mitigada: el fracaso que algunos anticipaban no ocurrió y la participación de una gama diversa de actores constituye un motivo de satisfacción para los organizadores. Sin embargo, la declaración final carece de sustancia y múltiples socios no la han ratificado.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
Hasta la caída del Muro de Berlín, la APD (ayuda pública al desarrollo) testificaba las grandes divisiones predominantes: el big push, la sustitución de importaciones, el desarrollo rural integrado o el ajuste estructural. Sin embargo, obedecía principalmente a los juegos de influencia de las antiguas potencias coloniales y a la lógica de bloques. Después del final de la Guerra Fría, la constatación del fracaso de los años de intervención y las fechorías de las políticas neoliberales han alimentado una duda profunda sobre este mecanismo de solidaridad interestatal. En el 2000, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio tradujo un sobresalto, el cual privilegió un número determinado de objetivos prioritarios, precisos y medibles, endosados por el conjunto de los participantes sobre el terreno y debiendo ser alcanzados en 2015.
Para apoyar este movimiento y restaurar la credibilidad de su acción, bajo el auspicio de la OCDE, los receptores de la APD motivaron una basta negociación buscando enmarcar sus prácticas a fin de mejorar la eficacia de la ayuda. Tras un primer encuentro internacional en Roma (2002), dos etapas se observaron determinantes: la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo en 2005, y posteriormente los compromisos de Busan, adoptados en Corea (2011). La fecha límite para los ODM se acerca, estos actores tratan ahora de reestructurar una agenda común post 2015, promoviendo principalmente la noción de desarrollo sustentable. La reunión de México pretendía ser un hito de este proceso transnacional.
Marco teórico
Diplomacia de la ayuda. Sea en sus facetas humanitarias, aquellas de la reconstrucción, o del desarrollo, la ayuda es frecuentemente movilizada por los Estados como un instrumento suplementario al servicio de su estrategia política. Con el declive de la lógica bipolar y el debilitamiento de las lealtades producto de la colonización, la APD fue respaldada por otros objetivos, tales como la expansión de las oportunidades comerciales, el aseguramiento y acceso a las materias primas, la búsqueda de apoyos para iniciativas internacionales, o incluso la difusión de normas técnicas, financieras, comerciales, sociales y medioambientales. Este ámbito ve hoy el aumento de poder de nuevos participantes: los países emergentes, las fundaciones y empresas privadas, las ONG, los despachos de expertos y los think tanks.
Eficacia de la ayuda. La desconfianza mostrada frente a intervenciones de solidaridad nacional incitó a los actores de la ayuda a poner énfasis en los resultados de su actividad. Esta preocupación se tradujo en el aumento de importancia de la evaluación como instrumento de rendición de cuentas. Las revisiones sistemáticas fueron así instauradas para evaluar los proyectos o programas de desarrollo sobre la base de criterios comunes como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el impacto. Por otra parte, instancias transnacionales fueron instituidas a fin de coordinar las intervenciones. Además, principios cardinales fueron adoptados para enmarcar la programación de los participantes de la ayuda: apropiación por los beneficiarios, armonización de las iniciativas, alineación con las prioridades definidas localmente, alianzas entre organizaciones públicas y privadas, en fin transparencia.
Análisis
La gobernanza de la Global Partnership for Effective Development Cooperation suscita debates, particularmente respecto de la representación de la sociedad civil en el Comité de Monitoreo. Su presidencia tripartita busca por el momento asegurar un equilibrio entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los emergentes. El equipo actual, compuesto de representantes británicos, nigerianos e indonesios, ha sido criticado por su falta de transparencia. En consecuencia, algunos demandan que la composición y el mandato de esta estructura sean modificados. La próxima fase será dirigida por tres vice presidentes representando a México, los Países Bajos y un país africano aún por determinar. Una expectativa importante, a este respecto, consistirá en sobrepasar la prioridad acordada sobre el lanzamiento de eventos, para concentrarse sobre la organización a largo plazo de un debate de fondo. Imprimir una dirección clara, a un conjunto tan heterogéneo sigue siendo sin embargo un reto.
Esta reunión igualmente ha alterado la evolución de las relaciones de poder en el campo de la ayuda. Así, los países emergentes se reivindicaron una posición tangente. Aunque participando activamente, México y Nigeria criticaron este multilateralismo. En cuanto a Brasil y Argentina, se mostraron aún más escépticos. Hablando de China y la India, ni siquiera participaron en los intercambios.
Al contrario, los actores privados se muestran mucho más activos. En el marco de encuentros paralelos donde se han mostrado realmente presentes, las fundaciones adoptaron por primera vez una carta común sobre la eficacia de sus acciones. Las grandes empresas – en particular las del sector de materias primas y la industria – fueron por otra parte muy visibles. A la invitación de donantes, los representantes de la sociedad civil bastante numerosos, participaron o criticaron poco. La rivalidad aún es fuerte entre las Naciones Unidas y la OCDE tratándose de la organización más legítima para guiar el proceso. Este debate parece sin embargo anticuado considerando la multiplicación de las PICS (Partnerships Initiative Coalitions).
El objeto de las negociaciones también evolucionó. En efecto, si bien las discusiones del grupo se concentraron inicialmente sobre la eficacia de la ayuda, se ampliaron progresivamente y actualmente es el tema de las alianzas multi actores la que se muestra al centro de las preocupaciones. Los participantes compartieron la constatación de una singular ausencia de debate durante las reuniones plenarias en el curso de las cuales los intercambios siguieron siendo muy codificados sin intervenciones intempestivas, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo constatamos poco avance sobre las cuestiones situadas a la cabeza de la agenda oficial, como el rol del sector privado, los actores multilaterales y el medio ambiente. Por el contrario, los elementos paralelos fueron más dinámicos y permitieron avanzar sobre ciertos temas, como la evasión fiscal o bien la lucha contra el lavado de dinero, etc. Francia busca por su parte adoptar un rol de catalizador sobre los asuntos relativos a las normas de responsabilidad social y medioambiental, y sobre la alianzas entre operadores públicos y privados.
La cuestión de los recursos no fue sin embargo tratada durante las discusiones y el respeto de los compromisos tomados por los Estado donantes de consagrar 0.7% de su PIB ni siquiera fue discutido, mientras que este tema cristaliza por lo tanto múltiples debates en los foros sobre el desarrollo al Norte.
Referencias
Bearce David H., Tirone Daniel C., « Foreign Aid Effectiveness and the Strategic Goals of Donor Governments », The Journal of Politics, 72 (3), 2010, pp. 837-851.
Wood Bernard et al., The Evaluation of the Paris Declaration, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2011.
Jun 16, 2014 | deporte, Globalización, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)
Por Élie Landrieu
Traducción Ulises Aquino
Passage au crible n°111
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Mientras que del 12 de junio al 13 de julio de 2014 se realiza en Brasil la 20 edición de la Copa del Mundo de futbol, la organización encargada de su organización, la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación), aparece más descalificada que nunca. En efecto, esta poderosa entidad privada ha llegado a imponer a los países anfitriones condiciones drásticas, con fuertes consecuencias sobre el plano socioeconómico, es decir humano.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
La FIFA fue creada el 21 de mayo de 1904 en París por los representantes de asociaciones deportivas de 7 países europeos (Alemania, Dinamarca, España, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza) con el objetivo de regular la práctica de un deporte, la asociación de futbol, entonces en plena expansión. Además de las reglas del juego y el reconocimiento de las federaciones nacionales, esta instancia se fijó como objetivo la organización de su propia competencia internacional.
A pesar de los primeros pasos prometedores y la rápida integración de nuevos miembros, habría que esperar hasta 1930 para ver a la institución organizar, en Uruguay, la primera Copa del Mundo. Pero en un contexto de crisis económica y de recrudecimiento de tensiones internacionales, el evento no conoció el éxito previsto. Faltando a la cita las principales naciones europeas de futbol (Inglaterra, Alemania e Italia), mientras que sólo 13 tomaron parte en el torneo. Por lo tanto, rápidamente el poder político mide el alto aporte simbólico de la competición y el prestigio internacional que puede eliminar. Desde 1934, acogiendo la copa del mundo de la FIFA la Italia de Benito Mussolini se vuelve la vitrina de su supuesto esplendor. Un montaje grandilocuente conjugado con el éxito explosivo del equipo nacional, permite al régimen fascista – en la víspera de la Segunda Guerra Mundial – de reenviar al mundo una imagen glorificada de poder y modernidad.
Sin embargo, debemos esperar la llegada de la televisión para que las sinergias político-económicas alrededor de la competencia tomen toda su dimensión. Difundida en directo por primera vez, la final del mundial disputada en Londres en 1966 y enfrentando el equipo de la reina madre y la Mannschaft de Alemania del Oeste, será seguido por 60 millones de telespectadores. Desde entonces la copa del mundo se convierte en una plataforma de exposición para las marcas comerciales. También, a partir de los años setenta, vemos la instancia deportiva dirigida por el empresario brasileño, Joao Havelange, concluir sus primeros contratos con las grandes compañías Coca-Cola y Adidas, desde entonces aliados indefectibles. La historia de la institución se volverá entonces esa de un irresistible aumento de poder. Adjudicándose la totalidad de los derechos surgidos del torneo cuatrienal (derechos de difusión, derechos de marketing o derechos multimedia), la FIFA registra una progresión constante de sus beneficios. En el periodo 2007-2010, estos alcanzaron por ejemplo 4,200 millones de dólares. Igualmente, la autoridad mundial del futbol no cesa de extender su proyección política llegando a imponer a los Estados condiciones cada vez más estrictas en cuanto a la organización de la competición faro.
Marco teórico
La injerencia internacional de una agencia privada. La globalización conlleva una distribución de la autoridad política que consagra el aumento de poder de actores no estatales. Las instancias privadas como la FIFA se imponen en la regulación de sectores transnacionalizados y logran oponerse a, o desviar la acción de los Estados sobre su territorio.
La reconfiguración del poder Estatal. Al hacerlo, estos nuevos actores contribuyen a la transformación de las formas de poder estatal. Vemos aquí como, bajo las órdenes de la FIFA, el gobierno brasileño renuncia al cumplimiento de importantes funciones regulatorias, mientras que fortalece significativamente sus prerrogativas de seguridad.
Análisis
La copa del mundo confiere a la FIFA un atributo de poder considerable que les permite imponerse como actor autónomo de la escena internacional. Efectivamente, esta institución, contrariamente a las organizaciones intergubernamentales, no dispone de ninguna delegación de soberanía. De hecho, la instancia suprema del futbol no constituye sino una federación de asociaciones deportivas nacionales y, a este respecto, no mantiene vínculos directos con los Estados. Sin embargo, poniéndolos en competencia por la obtención del mundial, llega a imponer condiciones de organización que implican la renuncia a una parte substancial de su independencia. Así, consigue influir en el control sobre las riquezas producidas al interior mismo de sus fronteras. En efecto, para esta edición de la copa del mundo – al igual que para las dos precedentes en Sudáfrica y Alemania – el país anfitrión ha aceptado exonerar fiscalmente las ganancias realizadas por la instancia deportiva y sus aliados comerciales durante toda la duración de la copa del mundo. Por otra parte, la FIFA impuso una serie de medidas favoreciendo la actividad de sus patrocinadores en detrimento de los actores de la economía local. La federación internacional por ejemplo obtuvo de los poderes públicos la implementación alrededor de los estadios, de una zona de exclusividad estrictamente reservada a la venta de las marcas oficiales. Anticipando al Estado en este punto, la autoridad tutelar del futbol parece sin embargo en posición de disponer de una parte sustancial de las ganancias generadas por el evento. Está de más decir que la aptitud del actor estatal de jugar su rol como regulador social se encuentra cuestionada. En estas condiciones, el crecimiento del déficit público engendrado por los gastos consagrados al mundial (11 000 millones de dólares) pone en un fuerte riesgo de comprometer al término la capacidad de los gobiernos para invertir en políticas sociales. De hecho, el ejecutivo previó un programa de reducción de gastos presupuestales que – a pesar de las demandas expresadas por los manifestantes – podrían bien perjudicar al financiamiento de los servicios públicos. De la misma manera, su aptitud de asegurar una regulación democrática se observa comprometida. En efecto, los movimientos sociales muestran que los poderes públicos están dispuestos a pasar por alto los procedimientos de consulta. Sin embargo, si Brasil abdica a una parte no despreciable de su soberanía bajo la presión de la FIFA, no sigue siendo por lo tanto privada. Al contrario, en un acuerdo común con la entidad coordinadora del futbol mundial, refuerza considerablemente sus prerrogativas de seguridad e incrementa a través de ellas su control sobre la población. Así, alegando la organización de la copa del mundo, el gobierno brasileño extiende sus poderes policiacos y judiciales. Recordemos que invirtió cerca de 2000 millones de reales (900 millones de dólares) en material, equipos de vigilancia y tropas de intervención especiales, mientras que las autoridades banalizan el recurso del ejército para manejar las manifestaciones. Paralelamente la ley general de la copa negociada con los representantes de la FIFA, agregó nuevos crímenes y delitos al código penal brasileño. En fin, más preocupante en términos de libertad pública, el congreso examina actualmente un proyecto de la ley antiterrorista fundada sobre una acepción extensa de la noción de terrorismo, comprendiendo notablemente la degradación de bienes y servicios esenciales. Esto puede hacer temer un recurso abusivo contra los manifestantes que perturbasen el desarrollo del mundial. Finalmente, estas evoluciones favorecen un clima de impunidad propio de la exacerbación de las violencias policiacas. Numerosas ONG denuncian a este respecto el aumento de atropellos cometidos por las fuerzas del orden durante las manifestaciones. Condenan los dispositivos ofensivos implementados en la expulsión de habitantes de las favelas próximas a los centros turísticos. Pero sería erróneo visualizar la relación entre el Estado brasileño y la FIFA únicamente sobre el plano de la oposición y de la competencia. De hecho, el órgano rector del futbol logra derrotar el poder público en sus elementos constitutivos como el control de las riquezas, las funciones de redistribución o incluso la regulación democrática. Sin embargo, estas dos instituciones entablan igualmente relaciones de alianza y cooperación. En efecto, encuentran un interés común en el endurecimiento del poder: mientras que la FIFA tiende al mantenimiento del orden para el buen desarrollo de la copa del mundo, el Estado trata por la fuerza los problemas de fondo de los cuales da testimonio la sociedad brasileña, tales como la existencia de favelas o incluso aquellos de las reivindicaciones sociales. Así, parece que este nuevo actor de las relaciones internacionales compite menos a la rendición del poder estatal que a su evolución en materia de seguridad, es decir su “brutalización”.
Referencias
Laroche Josepha, La Brutalisation du monde. Du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Éditions Liber, 2012.
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.
Rousseau Juliette, “Villes marchandes et villes rebelles : préparation aux méga-événements et reconfiguration des formes d’exercice du pouvoir au Brésil”, Mouvements, 2014, (2), p. 24-30.
Amnesty international, “Ils utilisent une stratégie le peur”. Le Brésil doit protéger le droit de manifester, 5 juin 2014.
Apr 21, 2014 | Difusión de la investigación, Théorie En Marche
Reconocido especialista de China, Jean-Pierre Cabestan provee con este trabajo una síntesis completa sobre el sistema político chino que llena un gran vacío en la materia. En efecto, ningún libro reciente en francés ha desarrollado este tema desde hace veinte años ; siendo que China conoce transformaciones socio-econoómicas sin precedentes. De entrada, esta publicación se presenta como ineludible para todo investigador en Relaciones Internacionales, cualquiera que sea su área de estudio, teniendo en cuenta el rol eminente jugado por el poderío chino en el escenario mundial.
La tabla de contenidos se revela igual de sencilla como lo es de didáctica : el autor consagra la primera parte a las instituciones y la segunda a la sociedad. Esto permite comprender mejor la dominación del Partido Comunista, el cual cuenta con 85 millones de miembros y 10 millones de ejecutivos. Enseguida, el autor analiza los desafíos a los cuales se enfrenta el país: la corrupción sistémica, las fuertes desigualdades sociales, las diversas reinvindicaciones étnicas y el problemático surgimiento de la sociedad civil.
Jean-Pierre Cabestan, Le Système politique chinois, un nouvel équilibre autoritaire, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, 708 páginas, entre las cuales 43 páginas de anexos, bibliografía clasificada, index de contenidos e index de los nombres de las personas consultadas.
Apr 7, 2014 | Finanzas internacionales, Norte-Sur, Passage au crible (espagnol)
Por Elie Landrieu
Traducción: Daniel Del Castillo
Passage au crible n°110
El 17 de marzo de 2014, la agencia de calificación Moody´s disminuyó la nota de los títulos emitidos por el Estado argentino en los mercados financieros a « Caa1 », calificando de « muy elevado » su riesgo de no pago. Esta organización evoca al respecto la reducción alarmante de las reservas de cambio del país – que pasaron de 52,7 mil millones de dólares en 2011, a 27,5 mil millones actualmente – aunada a la continuación simultánea de « políticas inadecuadas ».
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
En diciembre de 2001, Argentina declaró la cesación de pagos sobre un monto de 103 mil millones de dólares en obligaciones internacionales. Desde entonces, el país se ha mantenido en una situación de aislamiento, cancelando muy poco sus obligaciones financieras. En primera instancia, se trató de aligerar sus compromisos. En efecto, en enero de 2005, el gobierno de Néstor Kirchner dirigió un plan de reestructuración de la deuda. Un año más tarde, este logró cancelar la totalidad de la cantidad adeudada al Fondo Monetario Internacional (FMI), por un valor de 9,8 mil millones de dólares. Una segunda reestructuración, obtenida en junio de 2010 por el gobierno de Cristina Kirchner, llevó al 90% el monto total de la deuda privada re-negociada. De esta manera, en 2012, este alcanzó a reducir de cerca de 70% su nivel de endeudamiento (del 166% del PIB en 2002, al 44,9%).
Este Estado aprovechó entonces la coyuntura económica mundial para asegurar su autonomía financiera. Con el incremento de los precios de las materias agrícolas – como aquel de la soya, que representa el 25% de las exportaciones argentinas – Argentina emitió amplios excedentes en su balanza de pagos y aumentó, en consecuencia, sus reservas en moneda extranjera, principalmente en dólar, moneda en la cual se encuentra contabilizada el 90% de la deuda del país. Por otro lado, la rápida y vigorosa reactivación económica – entre el 7% y el 9% de crecimiento entre el 2003 y el 2008 – acarreó un crecimiento de las entradas fiscales a todo lo largo de este período. Estos recursos le permitieron al país cubrir sus gastos, así como ir cancelando progresivamente sus deudas, sin recurrir a los mercados financieros.
De manera general, tal aumento de la autonomía financiera libera un margen de maniobra substancial para los gobiernos. Gracias a esta, ellos pueden apartarse de la ortodoxia neoliberal y poner en práctica políticas intervencionistas. Entre estas últimas, mencionemos las ayudas sociales, las medidas proteccionistas – la imposición fiscal de las importaciones de bienes de equipamiento y productos manufacturados – también, las nacionalizaciones (los fondos de pensiones en 2008; las aerolíneas en 2011; Repsol-YPF en 2012). Simultáneamente, el Banco Central se dedicó a un riguroso control de los movimientos de capitales.
Sin embargo, el vuelco de la coyuntura económica mundial desde la crisis de 2008 comprometió seriamente la capacidad de Buenos Aires de prescindir del mercado internacional de capitales. Sus recursos financieros se mermaron mecánicamente con la disminución de la actividad mundial. Esta última, se tradujo especialmente en una baja de los precios agrícolas, una reducción del excedente comercial, un freno de la actividad productiva y una contracción de las entradas fiscales. Desde entonces, esta situación ha inducido un regreso hacia los inversionistas. Pero volver a ganarse su confianza suponía alinearse con sus exigencias, es decir someterse a su coerción normativa.
Marco teórico
1. La regulación por la norma. En Vigilar y Castigar, Michel Foucault describe el surgimiento de una forma de poder disciplinario que, a partir del siglo XVIII, se aparta del dominio de la ley para acercarse a aquel de la norma. Ahora bien, mientras que la primera se revela de carácter exterior y punitivo, la segunda se desarrolla en la esfera interior e induce una auto-regulación de los individuos.
Recalquemos que, a falta de cualquier instancia soberana a escala mundial, la globalización apunta hacia la misma lógica. Observamos al respecto, el despliegue de reglas que emanan de agencias especializadas y que funcionan bajo los principios de auto-obligación y adhesión voluntaria. Estas toman su fuerza del interés de los participantes de la globalización, en integrar un club del cual no pueden exonerarse sin pagar un alto precio.
2. El estigma como dispositivo correctivo. En este contexto, la asignación de un estigma opera como un poderoso instrumento de regulación. Para Erving Goffman, el estigma descalifica y pone al margen al actor puesto en la mira, al mismo tiempo que reafirma los valores dominantes de un determinado sistema. Ahora bien, la nueva degradación de la nota de Argentina proyecta sobre este Estado una profunda desacreditación, además de contribuir a su puesta al margen de los mercados financieros. Esta descalificación pone al descubierto el lado escondido de los criterios sobre los cuales el Estado argentino se ve ahora obligado a alinear su política – transparencia, rigor presupuestal, liberación del control de las tasas de cambio – si quiere acceder a nuevos financiamientos en los mercados internacionales.
Análisis
La degradación de la nota de Argentina mantiene el país al margen de los mercados financieros. Refuerza su imagen de país mala paga. Este hecho compromete sus relaciones con el conjunto de miembros de la esfera financiera (FMI, fondos privados de inversión, cortes de justicia norteamericanas, prensa económica, etc.) y legitima su expulsión del mercado financiero.
La decisión de la agencia ordena al país a conformarse con la norma neoliberal, promulgada por los mercados. Esta evaluación se ajusta al comentario adjunto, el cual deplora ciertas políticas intervencionistas, como el sostenimiento del precio de la energía, las intervenciones en los mercados de cambio y los desmedidos gastos públicos, que fueron calificados de « inadecuados » en la situación actual. En consecuencia, esta instancia exhorta al gobierno argentino a reorientar su acción estableciendo preceptos neoliberales fundamentados en el control del déficit y la estabilización de la moneda. Todas estas disposiciones indispensables, según la agencia, para asegurar el pago de la deuda.
La necesidad urgente de financiamiento a la cual se enfrenta Argentina, mandata a sus gobernantes a tener en cuenta estas prescripciones. En efecto, la fuga de capitales, la inflación galopante y la baja generalizada de la actividad degradan seriamente sus finanzas y vuelven cada vez más insostenible su aislamiento. La multiplicación de señales de confianza enviadas en dirección de los mercados financieros estos últimos meses, demuestra la preocupación en satisfacer sus exigencias. De este modo, el país concede, por ejemplo, amplias indemnizaciones a las sociedades que han sido nacionalizadas – 5 mil millones de dólares fueron desembolsados al petrolero español Repsol – también, reembolsa los pagos atrasados de una cierta cantidad de acreedores privados. Finalmente, el Estado permite que el peso se devalúe frente al dólar, mientras que establece discusiones con el Club de París, organismo que reúne a los acreedores públicos. No obstante, para volver a ganar el apoyo de los mercados financieros, el gobierno deberá poner en marcha una revisión de sus políticas económicas más profundas, como se lo hicieron claramente saber los expertos de Moody´s.
Finalmente, a medida que crece la dependencia del Estado hacia los mercados financieros, se restringen las condiciones de las agencias de calificación de riesgo. Estas logran desde ahora inyectar los marcos normativos de las finanzas. De igual manera, consiguen orientar las políticas públicas de los gobiernos; el reembolso de la deuda se impone actualmente como la referencia ineludible. Pero debemos comprender que el interés del inversor, sobrepasa entonces el interés general.
Referencias
Foucault Michel, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.
Goffman Erving, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, Minuit, 1975.
Gaillard Norbert, « La notation souveraine », Politique étrangère, (1), 2012, pp. 53-63.
Publication web de Moody’s, décision du 17 mars : https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Argentinas-government-bond-rating-to-Caa1-stable-outlook–PR_294642?lang=fr&cy=fra.
Mar 23, 2014 | Difusión de la investigación, Théorie En Marche
Este libro colectivo e interdisciplinario trata sobre la reformulación de los tejidos sociales y culturales que es inducida por la globalización. De esta forma, la obra insiste en las transformaciones de los marcos de vida y modos de protección de las poblaciones.
El volumen se articula en cinco partes. La primera analiza las consecuencias del proceso de globalización en sociedades cuyo modo de vida, hasta ahora, se encontraba todavía basado en las costumbres. La segunda trata los efectos sociales del cambio climático. La tercera parte se centra en las modificaciones que intervinieron en lo cotidiano de los individuos ; y subraya su inventiva social. La cuarta aborda enseguida la reformulación de las relaciones entre los Estados y sus instituciones. Finalmente, el libro desarrolla las transformaciones de los imaginarios colectivos. Para esto, se estudian las astucias relativas a la identidad, establecidas por las poblaciones para simbolizar el espacio y el tiempo, siendo que estas dos dimensiones se encuentran inexorablemente eternizadas.
Bréda Charlotte, Deridder Marie, Laurent Pierre-Joseph (Éds.), La Modernité insécurisée, anthropologie des conséquences de la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 467 pages.
Mar 19, 2014 | Medio ambiente, Passage au crible (espagnol), Unión Europea
Por Florian Hévelin
Traducción: Eva Doya-Le Besnerais
Passage au crible n°109
Pixabay
El 30 de enero de 2014, la flota de pesca del grupo francés Intermarché – la “Scapêche”- se comprometió a no hundir sus redes a más de 800 metros de profundidad. Además, las asociaciones de protección de la biodiversidad marina tienen acceso a los datos de sus nueve barcos para la pesca en aguas profundas. Intermarché se suma así a un grupo de iniciativas privadas de las grandes cadenas de distribución francesas tales como Casino, Auchan o incluso Carrefour. Paradójicamente, el compromiso con la protección de la fauna abisal llega inmediatamente después de que el “Scapêche” conociera, para su satisfacción, que el Parlamento Europeo emitió el día 10 de diciembre del 2013 una opinión contraria a la propuesta de ley formulada en el año 2012 que pretendía prohibir la pesca de arrastre en aguas profundas. Aunque vencidas a nivel comunitario, las ONG ecologistas han conseguido convencer a algunos empresarios para que regulen sus actividades para poder así prevenir la destrucción de los fondos marinos. Para estas ONG, sensibilizar a los consumidores sobre los riesgos medioambientales se ha convertido en una tarea tan importante como la de hacer lobby ante las instituciones comunitarias.
> Contexto histórico
> Marco teórico
> Análisis
> Referencias
Contexto histórico
La conservación de los recursos pesqueros cobra todo su sentido en el marco de la PPC (Política Pesquera Común). En los años 70 las primeras normas comunitarias adoptadas a ese respecto no le atribuían todavía esta función ecológica. Estaban principalmente orientadas a la creación de una organización sectorial, una copia de la PAC (Política Agrícola Común), el financiamiento de la modernización de la herramienta de producción y de la mutualización de las aguas nacionales. Aunque el agotamiento de las reservas de peces es objeto de una atención particular desde los años sesenta, la PPC no ha dado respuesta hasta el año 1983 y lo ha hecho a través de un texto poco modificado desde entonces. Este texto establece, país por país, cuotas de pesca e impone normas técnicas estrictas sobre el trenzado de las redes, el tamaño de las capturas e incluso la motorización de los barcos de pesca.
El debate actual sobre la prohibición de la pesca en aguas profundas y sobre las técnicas de pesca asociadas no es nuevo. En un contexto político marcado por la apertura a la sociedad civil de las instituciones comunitarias, las negociaciones concluyeron en un acuerdo en 1998 que prohibía el uso de las RED (Redes de Enmalle y Deriva). La Unión Europea se alineaba entonces con una resolución de Naciones Unidas que concretizaba la campaña internacional de Greenpeace en favor de la protección de los delfines. Durante ese periodo, surgieron iniciativas privadas que anticipaban la legislación europea. Recordemos a modo de ejemplo, que Unilever propuso en 1997 a la WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) – es decir, un año antes de la prohibición de las RED- la creación de un Consejo para la Buena Gestión de los Recursos Pesqueros. Sin embargo, encargada de emitir ecoetiquetas esta instancia entraría en competencia directa con la Comisión Europea, que deliberaba sobre el tema paralelamente. La ecoetiqueta MSC (Marine Stewardship Council), que ella elabora, monopoliza actualmente el mercado de la certificación ecológica de la pesca y paraliza las iniciativas de la Unión Europea en ese sector. En realidad, la relación de fuerzas actual en el seno del sistema europeo obliga a las ONG ecologistas, defensoras de la prohibición de la pesca de arrastre en aguas profundas, a orientar prioritariamente sus estrategias hacia una gestión privada de los océanos.
Marco teórico
La existencia de una comunidad epistémica. La calidad del trabajo de las ONG ecologistas, reconocida por la Comisión Europea, facilita su acción de lobby y la incorporación de sus proposiciones políticas en la agenda comunitaria.
La privatización de lo político. La regularización de la pesca en aguas profundas toma la forma de contratos informales entre las ONG y los productores/distribuidores de pescado de los grandes fondos a fin de paliar el déficit de gobernanza europea en la materia.
Análisis
La representación de los intereses medioambientales en el seno de la Comisión Europea coincide con la creación de una Dirección General dedicada al medioambiente (1973) y con un avance del derecho comunitario en ese tema (Acta Única Europea, 1986). El elevado costo del lobbying en Bruselas ha permitido la estructuración de dos redes. Por un lado, organizaciones federativas compuestas de múltiples asociaciones nacionales ecologistas trabajando sobre temas comunes. En el marco de la lucha contra la pesca de arrastre en aguas profundas, más de setenta de ellas se han unido en el seno de la Deep Sea Conservation Coalition. Por otro lado, Green 10 coordina desde 1991 la actividad de lobby de las diez ONG más importantes en el plano europeo e internacional (WWF, Greenpeace, Friends of the Earth, Birdlife International, etc.). Así pues, considerarlas como simples “organizaciones no gubernamentales” (Nielson) puede ocultar la “comunidad epistémica” (Haas) que representan para la Comisión Europea. Respondiendo a la necesidad de entender mejor las transformaciones actuales de la acción pública (internacionalización y transnacionalización) en general y la influencia de los grupos ecologistas sobre las políticas públicas en particular, el concepto de comunidad epistémica es totalmente adecuado para analizar los canales por los cuales han podido circular las nuevas ideas de las ONG hacia la actual comisionada de asuntos marítimos y de la pesca). De entre estas organizaciones, la asociación francesa Bloom ilustra la manera en la cual la producción científica privada puede obtener el reconocimiento de la Comisión Europea y basar la legitimidad de la inclusión en la agenda de propuestas políticas. La eficacia de esta apuesta reside en la crítica pluridimensional de la pesca de arrastre en aguas profundas, siempre planteada bajo la perspectiva del desarrollo sustentable. Bloom ha demostrado que: 1) esta actividad no era rentable y que dependía -sobre todo en el caso francés- de las subvenciones otorgadas por los Estados. 2) El empleo en el sector de la pesca sólo es significativo para una parte ínfima ya que sólo un 2% de los barcos operando en el Noreste Atlántico son creadores netos de empleo. 3) esta técnica pesquera, considerada como “la más destructiva de la historia”, agota los ecosistemas para utilizar finalmente sólo tres especies de peces – granadero de roca, sable negro, maruca azul- y tirar por la borda centenares de peces muertos de especies diferentes.
El campo de la acción de lobby europeo resulta ser profundamente asimétrico. Estas ONG intervienen en un terreno dominado por los grupos de interés económicos que disponen de los medios económicos suficientes para producir un expertise que compita con el de las ONG. Así, la mayoría de diputados europeos y de Estados afectados por el tema de la pesca de arrastre en aguas profundas (Francia, España, Reino Unido, Portugal) se han inclinado hacía la industrialización de la pesca. En el impasse institucional, las ONG de defensa de los océanos han en consecuencia incrementado sus esfuerzos para no tener que aceptar la oferta de conformarse con una ética del consumo. La difusión de las buenas prácticas en la materia pasa entonces por la vulgarización de su conocimiento. En este sentido, Bloom ha organizado una conferencia gravada, popularizó un comic (Pénélope Bagieu) e incluso estableció el ranking de los principales supermercados, entre los cuales Intermarché estaría a la cabeza. Frente al éxito de esta estratégica de denuncia (show and shame), que pone en evidencia la repartición forzada de la publicidad, las grandes empresas han tenido que negociar con las ONG para poder así recobrar parte de su credibilidad. Éstas últimas han entonces simbólicamente recompensado los compromisos voluntarios en favor de la biodiversidad marina. WWF, por ejemplo, publicó en su página web oficial un artículo titulado “Las ONG celebran el compromiso de la flota de Intermarché”. Esta estrategia de revalorización de la imagen de las empresas que demuestran cierta responsabilidad social (show and fame) parece formar parte del repertorio de acciones de estos actores no gubernamentales. Sin embargo, la privatización de la gobernanza europea de los océanos, prevista de manera temporal, podría volverse perenne en un contexto internacional caracterizado por la anomia. Dicho de otro modo, los océanos aparecen más que nunca como un bien público amenazado.
Referencias
Berny Nathalie, « Le lobbying des ONG internationales d’environnement à Bruxelles », RFSP, 58 (1), 2008, pp. 97-121.
Haas Peter M., « Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination », International Organization, 46 (1), 1992, pp. 1-35.
Le Monde, « Pêche en eau profonde : Intermarché ne pêchera plus au-delà de 800 mètres », 31 janv. 2014.
Lequesne Christian, L’Europe bleue. A quoi sert une politique communautaire de la pêche ?, Paris, Sciences Po, 2001.
