Por Clément Paule
Traducción: Ulises Aquino Jiménez
Passage au crible n°86
Source : Flickr Mikey
El 19 de marzo 2013, La empresa francesa Spanghero estuvo implicada en un nuevo asunto de presunto fraude: 57 toneladas de carne de oveja de origen británico – prohibidas a la importación en la UE (Unión Europea) – fueron descubiertas en sus almacenes. Recordemos que esta firma estuvo implicada un mes antes en un escándalo similar donde la carne de caballo habría sido utilizada para preparar platos cocinados con res. Por lo tanto, la controversia sobre etiquetado de este tipo de productos sobrepasa ampliamente a este actor, ya que incrimina el conjunto del sector agroalimentario en la UE. Conviene observar por otra parte la internacionalización de la polémica que se extendió en pocos días hasta Rusia, República Dominicana e incluso Hong-Kong. Principal respuesta en el corto plazo de las autoridades nacionales, la intensificación de controles ha mostrado otras fallas: citemos los millones de postres comercializados por Ikea, potencialmente contaminados por bacterias coliformes que indicarían contaminación fecal. Mientras que la incertidumbre se mantiene sobre los riesgos sanitarios relacionados a estas falsificaciones, numerosos comentaristas han podido evocar una crisis profunda del sistema agroalimentario en Europa. Señalemos también la publicación en febrero 2013 de una encuesta realizada en Estados Unidos por la ONG (Organización no Gubernamental) Oceana sobre la proveniencia de pescados puestos a la venta en una veintena de estados. Sus investigaciones señalan un problema similar de una amplitud considerable: un tercio de los especímenes analizados no corresponden a la especie mostrada en la envoltura.
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> Marco teórico
> Análisis
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, la constitución e integración de la cadena agroalimentaria se desarrolló en numerosos países europeos. Este proceso se caracterizó por el auge del sector privado, en particular el de la distribución a gran escala – a la imagen de empresas como Tesco o Carrefour-, mientras que la mayoría de estados desplegaban nuevamente y de forma simultanea su acción hacia un modelo flexible de regulación. Desde entonces, se trata de un mercado oligopólico y especializado, enmarcado por múltiples niveles de reglamentaciones. Entre estas, mencionemos a escala internacional el Codex Alimentarius definido por la FAO (Food and Agricultural Organization) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) desde los años sesenta, completado por las normas ISO (International Organization for Standarization). Los actores estatales intervienen también en el mantenimiento de la seguridad alimentaria mediante las legislaciones nacionales y de agencias como la FSA (Food Standards Agency) en el Reino Unido. Finalmente, señalemos el rol creciente de la UE con la implementación del paquete de higiene – seis reglamentos comunitarios – y la creación de la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) en el curso de los años 2000.
Pero a pesar de estos dispositivos, numerosos crímenes sanitarios han estallado en las dos últimas décadas, empezando por el trauma de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina) – más conocido bajo el nombre de enfermedad de las vacas locas – en 1996. Citemos igualmente los episodios de fiebre aftosa en Reino Unido en 2001 y 2007. La más reciente alerta de gran amplitud sigue siendo la epidemia de gastroenteritis y de SHU (Síndrome hemolítico urémico) causada por la sepa bacteriana Escherichia Coli 0104 H4 en 2012. Provocando cerca de cincuenta decesos en Europa, el asunto de la bacteria asesina fue precipitadamente ligado a los pepinos provenientes de España – lo que fue desmentido posteriormente -, acarreando una caída de las exportaciones así como embargos decretados por ciertos países, entre ellos Rusia. Notemos que esas crisis sucesivas revelaron las debilidades de los sistemas de control y descreditado a la industria agroalimentaria tanto como a los poderes públicos, notablemente en Francia y Reino Unido. Es bajo este marco que, los primeros descubrimientos de fraude a la etiqueta ocurren en las islas británicas desde finales del año 2012. Si las críticas se concentraron inmediatamente sobre el grupo Findus – los medios evocan incluso un Findusgate -, Las encuestas dirigidas por las autoridades han progresivamente aislado múltiples cadenas sospechosas, esforzándose en preparar un plan de acción coordinado sobre el plano Europeo.
1. La imputación de responsabilidad (blaming). Por el momento, los diferentes protagonistas del escándalo no han cesado de presentarse como víctimas, incriminados por necesidad de los otros eslabones de la cadena productiva. Así, se muestra que el conjunto de este circuito opaco parece ilegitimo e incapaz de autorregularse.
2. Las debilidades de la trazabilidad. Después de la crisis de la EEB, el principio de trazabilidad emergió de manera consensual como la mejor solución para restaurar la confianza de la sociedad del riesgo en una industria que perdió credibilidad. Estas prácticas fraudulentas demuestran a la inversa la insuficiencia de ese dispositivo para asegurar la seguridad alimentaria.
Este asunto revela en primer lugar la intensificación del proceso de desterritorialización de las actividades económicas transformando el sector alimenticio. Por esto, en este caso toda la cadena es cuestionada, desde los mataderos hasta los grandes distribuidores, pasando por los negociadores. Se trata entonces de decenas de empresas de diversas nacionalidades –Chipre, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Rumania, etc.-, lo que testifica la complejidad de un sistema dominado por las firmas transnacionales. Además, las encuestas preliminares confirman el turbio rol de los intermediarios financieros producido entre los productores de carne y la fase de transformación de los productos. Condenada por un delito similar en enero de 2012, la sociedad chipriota de comercio Draap Trading – dirigida por un trader holandés – es así citada como uno de los principales sospechosos en estos presuntos fraudes. Si este escándalo alimentario no puede ser calificado por el momento como crisis sanitaria consideremos sus efectos substanciales sobre la economía: Tesco, líder británico de la distribución a gran escala, ha visto caer brutalmente su participación en el mercado con alrededor del 30%, lo que no se había producido desde hace casi una década. Sin embargo, el ejemplo del grupo Findus, primera empresa en haber sido expuesta mediáticamente, muestra sobre todo la importancia del impacto reputacional en un clima de suspicacia generalizada. Más allá de la caída en las ventas, la imagen de esta firma – y de la cadena que ella encarna – aparece considerablemente empañada.
En este punto, remarquemos la actitud ambivalente de las autoridades nacionales en las cuales la incompetencia en materia de regulación resultó ser sorprendente. Los responsables públicos están en efecto atrapados entre la necesidad de tranquilizar a los consumidores adoptando un cierto número de medidas de investigación y de coerción, moderando un sector poderoso, habituado al auto control. Por esto, los diversos gobiernos involucrados se limitan a la acción retórica: la secretaria de estado británica del medio ambiente por ejemplo ha evocado públicamente una conspiración criminal a escala internacional, mientras que el ministro delegado francés encargado de la economía social y solidaria acusó a la sociedad Spanghero de “engaño económico”. No obstante, estas declaraciones tienden más a estigmatizar uno o varios actores percibidos como desviados que no cuestionan el sistema habiendo permitido estos desbordamientos. Algunos militantes y asociaciones ecologistas han entonces podido denunciar las potenciales colusiones existentes entre la industria y el poder político. Además de la falta de medios de las agencias públicas de regulación, los diferentes estados encuentras por otro lado dificultades en la coordinación de sus planes de acción, como testimonio las tensiones franco-holandesas.
De una manera más general, esos fraudes repetidos destacan la dilución de responsabilidades en el seno de la cadena agroalimentaria, revelando una circulación opaca y fraudulenta de los productos. Esta situación contribuye en consecuencia a fragilizar aún más el equilibrio precario construido en los años ochenta alrededor del principio de trazabilidad. Notemos sin embargo que si este dispositivo busca acercar al ganadero con el consumidor, implica también una racionalización aumentada por técnicas ya utilizadas anteriormente por las firmas, con fines de rentabilidad y estandarización. Así, la trazabilidad constituye ciertamente un medio de control, pero tiende igualmente a dirigir a su paroxismo un modelo agroindustrial que parece poco sustentable a largo plazo. En ausencia de una reforma profunda de los sistemas de regulación, las estrategias de depredación descubiertas por este escándalo parecen caracterizar un nuevo hoyo negro de la globalización económica y financiera.
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